La jueza convoca al novio de Ayuso a declarar el 7 de febrero.

El prometido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, deberá comparecer a declarar, en calidad de investigado, el próximo viernes 7 de febrero, por dos supuestos delitos fiscales y uno adicional de falsedad documental, según ha adelantado la Cadena SER y ha corroborado EL PAÍS. La juez que lleva la investigación de González Amador ha aceptado el recurso presentado por Más Madrid y el PSOE, que se oponían a la suspensión de su declaración, inicialmente programada para el 29 de noviembre. La Fiscalía de Madrid también había solicitado a la magistrada que procediera a tomar declaración a González Amador en su condición de investigado.

Precisamente, la propia fiscalía apoyó este martes la apertura de una nueva línea de investigación centrada en un delito de corrupción en los negocios cometido presuntamente por González Amador. El ministerio público se oponía así al intento de la pareja de la política de cerrar las nuevas pesquisas impulsadas por la jueza instructora para dilucidar si usó supuestamente una sociedad pantalla para facturar al Grupo Quirón —una pieza separada de la causa que cerca a González Amador por la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental—.

La defensa de González ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que dé carpetazo a estas nuevas pesquisas sobre su relación con Quirón, abiertas por la magistrada Inmaculada Iglesias, responsable del Juzgado de Instrucción 19 de la capital. Sin embargo, la Fiscalía arremete contra las pretensiones del novio de Ayuso, al que acusa de “desdeñar” los “indicios de delito observados por la instructora a partir de las actuaciones de la inspección tributaria”. “Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios”, expone el ministerio público. El ministerio público lo señala ahora por corrupción en los negocios, tras considerar que ya se han acreditado los dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental atribuidos a González Amador por eludir el pago de más de 350.000 euros a Hacienda por los beneficios que obtuvo por intermediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de coronavirus (sobre los que el novio ha tratado de alcanzar un acuerdo para evitar su entrada en prisión).